Izquierda Unida exige al Departamento de Educación que aclare la evaluación de riesgos
Izquierda Unida exige al Departamento de Educación que aclare la evaluación de riesgos y defina qué se entiende por negligencia grave o profesional en la nueva orden sobre extraescolares. La portavoz y coordinadora general de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, ha registrado en las Cortes de Aragón una batería de iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones al Ejecutivo autonómico sobre la instrucción relativa a las actividades complementarias, extraescolares, viajes de estudio, intercambios escolares y movilidades educativas desarrolladas fuera de los centros docentes.
Según la formación, la norma, en lugar de aportar seguridad jurídica al profesorado, traslada responsabilidades a los docentes y amenaza la continuidad de actividades reclamadas por la comunidad educativa. Abengochea ha subrayado que la orden debería haber servido para proporcionar claridad y confianza a los centros y al profesorado, pero afirma que su efecto es el contrario: aumenta la incertidumbre, impone nuevas cargas a los docentes y plantea dudas que están poniendo en riesgo la realización de numerosas actividades educativas.
La diputada ha reprochado que la instrucción contribuye a generar más inseguridad que soluciones y ha apuntado que parece más orientada a cubrir formalmente a la Administración que a ofrecer respaldo real al profesorado. Uno de los puntos que más preocupa a Izquierda Unida es la obligación impuesta al profesorado de realizar la evaluación de riesgos de las actividades. La orden, según la formación, no va acompañada de formación suficiente, ni de herramientas objetivas, criterios homogéneos ni de un catálogo de referencia elaborado por la Administración.
Abengochea advierte además de que la falta de previsión de un riesgo que derive en un daño grave podría considerarse un argumento para calificar una actuación como “negligencia grave o profesional”, lo que elevaría las consecuencias para el docente. La diputada ha puesto como ejemplo la práctica del esquí, actividad habitual en muchos centros, y ha señalado que, de aplicarse estrictamente lo dispuesto en la orden, no debería autorizarse dado que plantea riesgos que no serían eliminables mediante medidas preventivas.
Ese enfoque, alerta Izquierda Unida, puede llevar a la cancelación de actividades consideradas habituales en la programación educativa. Para despejar estas incertidumbres, la formación ha planteado al Gobierno aragonés preguntas concretas: qué actividades considera realmente de alto riesgo; qué criterios deben seguir los centros para evaluar los riesgos; y qué apoyo técnico y jurídico recibirán los docentes encargados de elaborar dichas evaluaciones.
Otra laguna que destaca Izquierda Unida es la falta de precisión sobre seguros y responsabilidad civil. La normativa no define con claridad qué situaciones están cubiertas ni cuándo es necesario contratar pólizas adicionales, lo que deja a los docentes en la incertidumbre a la hora de decidir sobre coberturas. “En lugar de aportar seguridad jurídica, se traslada a los docentes decisiones complejas sobre cobertura y responsabilidad que pueden tener importantes consecuencias en caso de accidente”, ha señalado Abengochea.
También preocupa la falta de concreción en torno a la responsabilidad penal. Aunque la orden recuerda que los docentes actúan bajo la cobertura de la Administración y que solo pueden exigirse responsabilidades personales en casos de dolo, culpa o negligencia grave, no especifica qué conductas podrían considerarse imprudencia grave ni ofrece orientaciones preventivas. Para la diputada, este vacío es especialmente relevante porque puede conllevar responsabilidad penal y, en supuestos extremos, ingreso en prisión, como en un caso reciente que ha citado como antecedente.
Abengochea insiste en que, aunque la consejera del ramo haya señalado que la orden no puede eximir de la responsabilidad penal, corresponde al Departamento clarificar qué puede definirse como negligencia grave. Esa claridad, afirma, sería la garantía para que el profesorado actúe con la seguridad de que, si realiza correctamente su trabajo, no afrontará consecuencias penales graves en caso de accidente.
Entre las preguntas dirigidas al Departamento figuran: qué factores deben concurrir para que una negligencia sea considerada grave; con qué asesoramiento jurídico especializado cuenta la Administración para determinarlo; si se han estudiado mecanismos adicionales de exención de responsabilidad para el profesorado en caso de accidente; y si se va a impartir formación específica para mejorar el marco de seguridad jurídica exigido desde la comunidad educativa.
La portavoz de Izquierda Unida concluye que la orden aprobada por la consejería ha resultado más formal que efectiva y acusa a la titular del departamento de no tener en cuenta el posible efecto disuasorio sobre las actividades complementarias de los centros públicos. Para Izquierda Unida, clarificar la definición de negligencia grave y mejorar las propuestas sobre evaluación de riesgos es imprescindible para garantizar la continuidad normal de las actividades complementarias en los centros educativos.
